El Estado tiene derecho a ejercer, sin excepción,
todas las actividades en la industria minera.[1] Cuando
organismos o dependencias del Sector Público Nacional adquieran por cualquier
título concesiones otorgadas a particulares, deberán sacarlas a remate en
subasta pública, dentro de los tres meses siguientes a la adquisición. Si no se
presentaran postores serán declaradas de libre denunciabilidad. [2] Las
actividades mineras estatales, con excepción de la comercialización, serán
ejercidas por la Empresa Minera del Perú directamente y/o a través de filiales
o subsidiarias.[3]
Los precios de venta y/o tarifas por servicios de tratamiento y/o refinación de
los productos minerales serán los correspondientes para cada producto, de
acuerdo a cotizaciones internacionales representativas y dentro de las
modalidades generales de las transacciones internacionales. A falta de
cotizaciones internacionales representativas, el precio de venta y/o tarifas
por servicios de tratamiento y/o refinación, se fijará siguiendo las normas
internacionales usuales.[4] La
importación de productos minerales requeridos por el mercado nacional se regirá
por las modalidades y precios del mercado internacional.[5] (AUTOR:
JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
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